ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN SALPICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS

Edwin Francisco Herrera-Paz
Seis años después de la remoción de su cargo del ex presidente de la República don Manuel  Zelaya Rosales en 2009, una nueva amenaza se cierne sobre la incipiente democracia Hondureña. El actual presidente de Honduras del conservador Partido Nacional da pasos agigantados hacia lo que muchos consideran una nueva dictadura disfrazada de democracia. Los temores no son infundados. El año antepasado el actual presidente del ejecutivo don Juan Orlando Hernández, siendo aun candidato presidencial y aprovechando su posición de presidente del Congreso, impuso como Fiscal General y Fiscal Adjunto a dos hombres afines a su corriente política. Posteriormente en lo que algunos expertos en leyes consideran un golpe técnico al Poder Judicial, destituyó a cuatro magistrados, y de nuevo, los substituyó por abogados afines a sus intereses políticos.

Juan Orlando Hernández ganó las elecciones generales sin una mayoría, con únicamente el 36% de los votos. Sin embargo, el camino hacia la dictadura ya lo había construido, teniendo ahora poder absoluto sobre dos de los poderes del estado más la Fiscalía General de la república. Por otro lado en el Congreso el Partido Nacional no obtuvo mayoría, y se ha visto en la necesidad de separar las bancadas de los demás partidos comprando diputados con dinero contante y sonante, procedimiento al que se refieren los hondureños como el “tilin tilin”, haciendo alusión a un llamado de la campana indicando que el dinero ya está listo.

En el presente año el Partido Nacional continuó su camino hacia la dictadura, cuando el ex presidente de la República el nacionalista Rafael Leonado Callejas, junto con un grupo de diputados de su partido, interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los artículos de la Constitución de la República en donde se prohíbe hablar de la reelección presidencial. El argumento esgrimido por el ex presidente, cuya visa americana le fue revocada hace muchos años por presuntos actos de corrupción, fue que dichos artículos contravienen el derecho de los ex presidentes a reelegirse. Vale decir que dichos artículos, denominados “petreos”, según la misma Constitución de la república solo pueden ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente. Al respecto, el Secretario General de la OEA saliente don José Miguel Insulza en entrevista concedida al periodista hondureño Renato Álvarez ha dicho: “No es bueno reformar constituciones por la vía judicial. Nunca lo ha sido”.

Hoy en día, todo el andamiaje construido para la dictadura de Juan Orlando Hernández se ha visto sacudido por el más grande escándalo de corrupción en la historia de Honduras. El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se encuentra hoy en día sumido en una profunda crisis en donde la falta de medicamentos ha afectado a miles de usuarios, y ha provocado la muerte de muchos de ellos, especialmente pacientes con cáncer que necesitan costos agentes quimioterapéuticos. El año pasado se destapó la olla de corrupción dentro de esa institución, descubriéndose el desfalco de unos 7000 millones de lempiras (unos 350 millones de dólares), por lo que varios actores se encuentran detenidos, entre ellos el ex director Dr. Mario Zelaya.

Para sustraer los dineros del IHSS se utilizaron empresas, algunas de ellas reales y otras fantasma, a las que el gobierno les proporcionaba fondos para proveer a la institución de insumos y medicamentos, pero dichos insumos nunca llegaron. A pesar de haber detenidos por este caso, el pueblo hondureño ha resentido el hecho de que el Ministerio Público no proceda contra otros empresarios también involucrados y, más aun, ni siquiera se revelen sus nombres a pesar de que la Embajada Americana les revocó sus visas.

Hace unos días, el periodista hondureño David Romero puso en evidencia la confabulación de las empresas involucradas en la quiebra del IHSS con agentes del gobierno. En su noticiero Romero mostró cheques emitidos por dichas empresas al Partido Nacional, presuntamente para financiar la multimillonaria campaña electoral. Según Romero, el monto del traspaso de fondos de las compañías fraudulentas al Partido Nacional asciende a 1200 millones de lempiras (unos 60 millones de dólares).

La respuesta del presidente don Juan Orlando Hernández no se hizo esperar. Inmediatamente organizó marchas a favor de su partido para mostrar a los medios internacionales el apoyo que le brinda la ciudadanía. Para organizar las marchas, se reveló en entrevistas con los manifestantes que se utilizó en su mayoría a gente pobre a la que se le pagó la cantidad de 50 lempiras (2.50 de dólar) por asistir. El discurso del Presidente consistió en manifestar que todo el asunto no es más que una confabulación contra su gobierno y contra su partido. Sus voceros en las redes sociales insisten en que no se trata más que de una campaña de desprestigio contra el país. A pesar de eso y de haber transcurrido dos semanas desde la denuncia, el Partido Nacional no ha podido desvirtuar el traspaso de fondos. Ante eso, el más afectado es el Partido Nacional, una institución con una amplia trayectoria en la vida política nacional.  

Ante la nueva evidencia que muestra que el gobierno de Juan Orlando Hernández se sustenta de la sangre (literalmente) de los hondureños que murieron en el IHSS por falta de medicamentos, la ciudadanía ha mostrado su repudio organizando marchas y manifestaciones, convocadas tanto por los partidos de la oposición como por la sociedad civil, alentados por los últimos sucesos en la vecina república de Guatemala donde recientemente fue destituida la vicepresidenta por actos de corrupción. El hashtag “#renunciaJOH” pidiendo la renuncia del presidente se volvió un trend topic en las redes sociales durante la presente semana. https://www.facebook.com/hashtag/somoslanuevaprensa