Por: Dennis Starkman
Roberto Ramírez
Aldana es un fiscal hasta ahora relativamente muy poco conocido, pero dentro de
su gremio, se ha caracterizado por ser un hombre ponderado, elegante, decidido
con la consecución de sus metas, honesto y muy valiente.
Tras iniciado el proceso,
hace alrededor de un año, Roberto mencionó entre otras cosas, que en sus
pesquisas habían encontrado al menos un cheque emitido a favor de un partido
político entre los desembolsos irregulares por parte del IHSS, pero no dio más
detalles y al ser indagado al respecto, se rehusó a dar pormenores.
El caso del IHSS ha
presentado algunos logros. El aseguramiento de bienes del ex director del
Seguro y de otros entre sus cómplices; la captura misma del prófugo sospechoso
principal; la comparecencia de fiscales hondureños ante la justicia chilena
para solicitar la extradición de una persona sospechosa de facilitar el lavado
de activos entre los sustraídos ilegítimamente del tesoro de la seguridad
social hondureña, en algún momento han hecho pensar a muchos que el Presidente
Hernández es un verdadero abanderado de la libertad y la justicia.
Sin embargo, también
ha habido reveses que han perjudicado la fe en la ciudadanía acerca de un
desenlace judicial que no deje dudas sobre la credibilidad del sistema de
justicia penal. Sobreseimientos a favor de Mario Zelaya; estancamiento en los
avances para conocer la verdad; el rechazo de la justicia chilena de extraditar
a Honduras a una de sus ciudadanas sospechosas de participar en el fraude, y
aún el asesinato y conato de asesinato contra sospechosos y testigos, no han
contribuido en nada para esclarecer nada.
Ahora, en un
sorprendente giro de los acontecimientos, el Fiscal Ramírez Aldana denunció
amenazas a muerte contra él y su familia, y según algunos informes
periodísticos, la Embajada de los Estados Unidos le ha brindado protección para
él y su familia, a quiénes ha trasladado a la capital estadounidense. Mientras
tanto, el destino y el paradero del Fiscal Ramírez Aldana ha permanecido
completamente olvidado.
Pocos días después de
su anuncio y rapidísima evacuación, un periodista ha iniciado la publicación de
documentos vinculados con la investigación encabezada por el Fiscal Ramírez
Aldana, comprometiendo con ello al Ministerio Público en pleno y creando en
ciertos sectores, la sospecha de que ha sido el propio fiscal Ramírez, o
alguien de su entorno más cercano, quien habría filtrado esa información.
Como increíble
respuesta, el gobierno ha iniciado una inusual campaña de desprestigio contra
la oposición y contraataca revolviendo juicios estancados cuyo impulso ha
correspondido a funcionarios que pertenecen al mismo partido de gobierno. Poco
falta para que se reinicien las insinuaciones proferidas en las semanas previas
a conocer el destino de la Policía Militar, según las cuales el gobierno
considera a quienes se oponían a aquella iniciativa “simpatizantes o miembros
del crimen organizado”.
Desde que se destapó
este asunto de la participación institucional del Partido Nacional en el
escándalo, se han manifestado ciertas conductas muy inusuales.
Por una parte, la
prensa nacional, prácticamente TODA, ha renunciado a hacer cuestionamientos y
críticas al gobierno. Es sumamente difícil y quizá imposible, que alguien pueda
ofrecer una explicación plausible y verosímil para este fenómeno.
Y aunque son tan solo
dos medios de comunicación de entre mediana y elevada audiencia los que han
alimentado el frenesí de este escándalo, el gobierno se muestra sumamente
nervioso y ofrece respuestas ridículas y condenables, como la de un diputado
que minimiza el hecho que su partido robe por el hecho que otros han robado
más. ¿Porqué tanto nerviosismo? Vaya usted a saber.
Otro hecho importante
es el papel que jugó la Embajada de Estados Unidos en el “rescate” del Fiscal
Ramírez Aldana y su familia. Él fue llevado a Estados Unidos y todo lo
vinculado a él sigue siendo un misterio.
Ese misterio genera
preguntas muy importantes. Si sus investigados son empresarios y funcionarios
públicos, ¿quién lo amenaza? Si él recibe amenazas, ¿de qué manera se le puede
proteger de la mejor manera? Y si se le puede proteger de manera efectiva, ¿por
qué permanece oculto? Y por otro lado, si el fiscal Ramírez Aldana está siendo
amenazado, ¿será amenazado su sustituto? ¿Renunciará su sustituto cuando reciba
las primeras amenazas?
El recientemente
anunciado nombramiento de Ramírez Aldana como representante de Honduras ante
UNICEF en Francia es verdaderamente una noticia muy inquietante.
Es una noticia que
conduce a pensar que el asunto “Seguro Social” por parte del Ministerio Público
no pasará a más.
La experiencia nos
indica que cuando el Congreso envía comisiones al Ministerio Público, es la justicia
y la institucionalidad la que está siendo sacrificada. Independiente legal,
administrativa y funcionalmente de los poderes del Estado, el congreso no tiene
asunto válido alguno en la actividad de los fiscales. A menos, por supuesto,
que lleguen a “tirar línea” y a preparar respuestas institucionales que
obedezcan a los intereses del Partido Nacional y el Poder Ejecutivo. Otro
atentado a la institucionalidad.
Volviendo a la
pregunta de unas líneas atrás: ¿Por qué están nerviosos el Partido Nacional y
el gobierno? La única explicación es porque se sienten amenazados. ¿Por quién o
quiénes? ¿La Embajada? ¿La sociedad civil? ¿La Oposición? ¿La prensa y la
opinión pública? ¿Los militares? Los únicos que podrían plantear una amenaza
contra el gobierno es quien esté en condiciones de afectarle negativa y
severamente. Para mí, tendrían que ser los gringos. ¿Por qué? Únicamente porque
saben o están en condiciones de saber cuál es la cola que tiene cada uno,
gracias, quizá, al Fiscal Ramírez Aldana.
Su asignación
diplomática en Francia debería inquietarnos. A todos. Si lo envían para
acallarlo, la amenaza surtió efecto y perdimos a un buen hombre. A menos,
claro, que no sean los personeros del gobierno los únicos que ocultan algún as
bajo la manga.
Ni la prensa internacional,
ni los embajadores de países amigos ni los organismos internacionales, nadie,
se involucrará en nuestros asuntos si no se hace evidente una indignación tan
generalizada que lleve la crisis que enfrenta hoy el gobierno a pasar de
moderada a grave y severa, que la inacción sea injustificable. Como en
Guatemala.
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