Edwin Francisco Herrera Paz. Con tristeza oigo que el pueblo hondureño continúa dividido. Los miembros de la llamada resistencia desean el retorno al país del depuesto presidente José Manuel Zelaya, y que además se le suspendan todos los cargos por corrupción que se le han imputado. Que dichos cargos son producto del problema político del año pasado y que quienes deberían ser juzgados son los perpetradores del golpe de estado.
El otro bando alega que nadie está sobre la ley. Que el ex presidente debe ser juzgado y que los cargos no son producto del problema político sino del flagrante estado de corrupción en el que se vio sumergido el gobierno pasado.
Lo que yo pienso al respecto es que se ha satanizado al ex presidente hasta extremos indeseables. Y si de corrupción hablamos, entonces como dijo nuestro Señor Jesús, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque en Honduras, si nos ponemos a sacarnos los trapitos al sol, no ajustarían los tendederos del país para tanto trapo sucio. Y aunque los actos de corrupción del gobierno anterior parecen ser genuinos, indudablemente todo este asunto tiene un alto componente político.
Porque no todo lo que hizo el ex presidente fue malo. Y casualmente el día de hoy ha caído en mis manos una ley impulsada por el propio José Manuel Zelaya Rosales en conjunto con "Transparencia Honduras." Dicha ley es completamente desconocida para la gran mayoría de los hondureños quienes no saben que cuentan con un poderoso instrumento para ejercer un verdadero poder democrático en contra de la corrupción. Estoy hablando de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sancionada por el Congreso Nacional de la República mediante decreto número 170-2006.
¿Ha intentado usted, que es ciudadano hondureño, acudir a alguna institución del gobierno para que le muestren la información de contabilidad (por ejemplo)? Inténtelo, y a lo mejor se le quedará viendo algún funcionario de la oficina pública como si usted estuviera loco.
Pues es hora de que usted sepa que el funcionario que hace eso está incurriendo en violación a la ley, ya que es su obligación proporcionarle a usted TODA la información que le solicite y que involucre el funcionamiento y las cuentas sobre la institución. Según la mencionada ley dicha información deberá proveerse al solicitante en medios impresos o electrónicos (con raras excepciones mencionadas en la misma ley). Basta con que usted llegue a la oficina pública con su cédula en mano.
Es hora de que los hondureños ejerzamos nuestros derechos. Es más, considero un deber cívico que los hondureños nos volquemos masivamente a pedir cuentas a nuestras instituciones. Más aun, exijamos a nuestros "representantes" (lease diputados) al Congreso Nacional de la República, que modifiquen los artículos de la ley que permiten catalogar alguna información, que debería ser del dominio público, como "clasificada." Comencemos a regirnos por un verdadero sistema de transparencia ya que –haciendo eco de las palabras del tercer presidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson- el precio de la libertad es la eterna vigilancia.
Para terminar y retomando el conflicto relacionado con Manuel Zelaya, pienso que ambos bandos involucrados en el problema político deberán comenzar a ablandar sus respectivos discursos para favorecer la unidad y la lucha conjunta por derroteros comunes. En el 2011, unámonos como país. La historia ha demostrado que las naciones que prosperan son aquellas que se unen en la causan común del desarrollo. Saludos.
Para conocer más de esta ley: