El nuevo paradigma social – político: la herencia de Uribe y el plan Colombia

Por: Nelson Arambú

Cuando Charles Wright Mills describió los elementos del “carácter y la estructura”, de los cuatro identificados por él, fue quizá el denominado “el hombre” en donde encontraríamos las más grandes hipérboles de la construcción del carácter, no solo porque cada uno es considerado así mismo como producto de su propia historia, sino que además los referentes sociales de su contexto individual, tendrán una consecuencia inmediata en lo que se es.

Hemos discutido hasta la saciedad que los fenómenos que afectan a las sociedades modernas son multifactoriales, sin embargo, poco esfuerzo hacemos en la cotidianeidad por dimensionar el rol fundamental que juega la estructura individual y el origen de los guetos; en su concepto más básico estos se determinan como áreas separadas para la vivienda y que son destinadas a los individuos de un determinado origen étnico, religioso o cultural, el mismo que puede ser voluntario o involuntario. Es importante que tengamos clara la diversidad de guetos existentes hoy día en las sociedades modernas, si usamos el concepto anterior; en el contexto actual del estado de Honduras podríamos designar como gueto a casi a cualquier grupo; es decir, cualquier persona involuntariamente está conformando uno o varios guetos.

En Honduras, el fenómeno de segregación étnica y social ha sido un tema desvirtuado por la clase dominante, sin embargo, tiene fuertes raíces históricas en la instauración de una supuesta mayoría mestiza, la cual pretendió durante las últimas seis décadas sobreproteger un modelo de hondureñidad fabricado y que tiene efectos profundos en el desarrollo de la multiculturalidad del país, tan evidente y asfixiante que el desequilibrio en que se encuentra el estado actual, ha vulnerado la burbuja del Walt Disney en la que vivía la sociedad hondureña.  

En ocasiones anteriores – sin provocar mucho ruido – se ha intentado documentar el fenómeno armamentista que en la última década cobro un repunte significativo en este país; no obstante, a medida que pasa el tiempo hemos sido testigos del exacerbado interés de los grupos de poder, para instaurar un estado de terror permanente de tal manera que afecta de forma explícita a cualquier persona que radique en Honduras.

Hacia el año 2000, el congreso de los EEUU firmaba un 13 de julio el Plan Colombia, el cual gracias a los atentados de 11 de septiembre obtuvo un financiamiento casi inmediato de 1.300 millones de dólares, y para los subsiguientes 10 años esta cifra alcanzaría casi los 8,000 millones; toda la parafernalia de este plan cuyo objetivo de forma fue la reducción de la violencia y la criminalidad, no tenía otra intención que asegurarle a los Estados Unidos el control extendido en territorios de América latina, y particularmente, el establecimiento del cerco mediático contra el “terrorismo” de las fuerzas revolucionarias de Colombia y cualquier país vecino.

Al observar en retrospectiva las consecuencias del financiamiento norteamericano a los gobiernos colombianos, encontramos que, como resultado de la última década – justamente donde aparece en escena el plan Colombia – el 60% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo suceden en este país; también, tiene el record en presos políticos, alrededor de 7,500 hombres y mujeres encarcelados por “generar conflictos al estado”, mientras que el ejército colombiano ha desplegado una masacre diferencial contra civiles cuyos asesinatos mediatizados por el militarismo en contubernio con sus gobiernos, quedan impunes y son reportados a la población como consecuencia de los enfrentamientos entre guerrilleros.

El fenómeno del Uribismo planteó un retroceso significativo, no solo al culminar su periodo en el gobierno de Colombia, sino también por la apostólica llegada de Álvaro Uribe a Honduras justo en el momento en que la institucionalidad del estado se encontraba en su periodo más vulnerable. Muy pobre ha sido el análisis que la sociedad hondureña le ha dado a los convenios firmados entre Uribe,  Lobo-Sosa y el comandante de las fuerzas irregulares y terroristas del norte del país, el señor Miguel Facusse; sin embargo, no se necesita mucho para identificar los pilares de la cooperación entre ambos países: armas, cooperación militar, manuales contra insurgentes específicamente dirigidos contra sindicalistas, periodistas, abogados y líderes sociales, paramilitarismo, sicariato y un aumento significativo del trafico de drogas y armas por el país.

Solo para el año 2010, fueron asesinados en Honduras; 12 sindicalistas, 10 periodistas, más de 40 campesinos y la cifra total de muertes violentas para ese mismo año fue de 6,236 personas; mientras que, para finales del año 2011 el número de abogados asesinados en el país entre 2009 y 2011, llego alrededor de los 74 homicidios, la mayoría de estos en la impunidad.

Ante un contexto tan irracional, la versatilidad que tiene el fascismo para adherirse en el subconsciente de la población es de manera tacita impulsada por el terrorismo de estado, y es desde este que nacen las estrategias de segmentación social más sutiles, sin las que no sería posible el control de los gobernados.

Las Safer Cities  - barrios seguros -  son quizá el mejor ejemplo de estas estrategias, no solo porque abandonan al ciudadano a su suerte, totalmente desprovisto de conciencia colectiva para el bien común, sino que además lo obligan a defenderse a sí mismo contra la creciente ola de inseguridad, sumido, en la paranoia permanente, y condiciona la psiquis de los civiles para estar listos y completamente a la defensiva contra todo lo que a criterio del ciudadano común signifique peligro potencial.

Es entonces en donde los barrotes y las estaciones de requisa en la entrada de cada barrio, colonia o complejo residencial, así como las compañías privadas de seguridad, los servicios telefónicos privados de emergencia, las empresas dispensadoras de armas, en fin, toda forma de privatización que atenta contra los bienes nacionales, indiscutiblemente terminara por violentar las libertades individuales y colectivas de la ciudadanía, usurpando funciones que competen estrictamente al estado para confiarlas como responsabilidad de la población civil, fundamentándose en la “legalidad” de la privatización del espacio público. "Esto es un gran paso para la seguridad de nuestros vecinos", señaló el diputado UDI Ernesto Silva, en Chile, tras la aprobación de la ley para el cierre de calles y pasajes en el año 2000; pero ¿A qué costo?

No es difícil de observar el efecto colateral de las políticas de seguridad ciudadana o seguridad nacional. A partir de la ruptura del orden constitucional en 2009, el país ha sido bombardeado por un sin número de expertos y especialistas en seguridad, quienes con una fantástica lluvia de ideas han intentado apaciguar la crisis y desviar la atención del verdadero problema de fondo, que no es otro sino la desintegración del tejido social, y la terrible reconfiguración de las relaciones entre el gobierno y los gobernados. Pero volviendo al tema de los efectos encontramos que, a medida que aparecen los barrios seguros, también aumentaron los homicidios, las desapariciones, los crímenes de estado, creció la pobreza, aumento el desempleo, se disparó el número de femicidios, aumentó el tráfico de drogas y armas, de desvirtuó la imagen de la policía nacional, y lo que es peor, a medida que aumentan los barrios seguros, también aumentan las zonas en guerra, es decir, en la misma dimensión en que se establecen mas zonas invulnerables al crimen, la vulnerabilidad se traslada a otras.

Entonces ¿no estará el estado creando zonas privilegiadas? O lo que es peor ¿no estará estableciendo zonas de guerra de forma intencionada? Es cierto que la tasa de homicidios en Honduras es un problema, pero el problema mayor lo seguirá siendo la disfuncionalidad del estado, el establecimiento del territorio nacional como zona de conflicto y el ponderar la segmentación y el armamentismo como recetas a la crisis.

De todo lo anterior por ahora, solo podremos concluir que el estado de Honduras es indiscutiblemente un estado fallido, y que la respuesta de la clase política es el veto del pensamiento crítico, la persecución de la pobreza, entendida como la criminalización de los pobres a tal grado que incendiar cárceles, mercados, colegios, e instalar rejas en cada calle posible, será la nueva forma en que la sociedad hondureña aprenda a convivir, ya no conociéndonos entre clases, sino que ahora separándonos el territorio y los espacios públicos para las clases, listos para asimilar nuestro apartheid.

El término apartheid tiene sus origines en Sudáfrica. Concretamente fue el resultado de un fenómeno de segregación racial durante el siglo XX, fue instituido por colonizadores ingleses y holandeses (Boers) como símbolo indiscutible de discriminación política, económica, social y racial.