Por: Lic. Carlos A. Urbizo Solís
Introducción
Una falacia o mito perverso
(por lo que los hay también benignos y virtuosos) que ha prevalecido en la sociedad hondureña en particular, y en
el tercer mundo en general (aunque algunos del “primer mundo” también lo
comparten, notablemente el Japón), es que nuestro sistema político-económico es
capitalista,
o como es el término de moda neoliberal, y que clásicamente se conoció
como liberal
o libertario.
Tampoco es comunista o socialista... a pesar que tiene características
comunes con todos esos sistemas o modelos.
Técnica, teórica, o
académicamente hablando, nuestro sistema político-económico es mercantilista,
enfermedad social crónica que confío el lector reconocerá y apreciará fácil e
inmediatamente al concluir la lectura de este ensayo. Y concluirá que lejos de
ser técnico, teórico, o académico, es plenamente práctico, real ... y dañino.
Y de repente le parecerá
como una revelación, o un descubrimiento/conciencia (tal vez porque así me pareció a mi en su
tiempo) de por qué el nivel y calidad de vida del hondureño se ha empeorado por
500 años! Sí, 500 años ... o si prefiere
el lector, 181 años desde el año de “independencia”, 1821 (qué más da, al fin y
al cabo tal vez lo que cuentan son los últimos 70 años que afectan a todos los
que estamos vivos hoy.)
Seguidamente, como el caso
de cualquier mal o enfermedad, el lector comprenderá que no es posible su cura
(transformación o reforma), si se ha hecho un diagnóstico totalmente equivocado
de ella.
Resulta que el liberalismo o neoliberalismo (y es Karl
Marx quien se consagró acuñándolo como “capitalismo”), fue derrotado en
Honduras, y en el tercer mundo, sin que en realidad haya existido. Qué tragedia!
Se ha derrotado a un fantasma!!
Y por eso
seguimos igual o peor... estancados y pobres, invirtiendo grandes esfuerzos, luchando unos contra los
otros, atacando, defendiendo, y “modernizando” (capitalismo con rostro
humano) un sistema político-económico que no existe.
Este derroche
de recursos en todas sus presentaciones (tiempo, dinero, polémicas estériles,
angustias, odios, violencia y hasta muertes) ha causado, y sigue causando, pobreza en nuestras sociedades.
Gobiernos intervencionistas
Por intervención
directa, activa, y hasta inconsulta del gobierno/(estado), a nuestro degradante
sistema, que se le ha confundido con el capitalismo (neoliberalismo), se le ha
ido pegando una serie de parches (reformas “heroicas y patrióticas tomadas con
alta responsabilidad”, según los políticos
de turno) convirtiéndolo en una llanta inservible un (sistema social
inoperante, mezquino, contraproducente y apto generador de pobreza y miseria),
que no resiste más reparaciones.
Desde luego,
estos parches (reformas) no funcionarán porque no atacan el mal de fondo o en
sus raíces ¾ el mercantilismo.
Hay que cambiar
la llanta... abolir, extirpar el mercantilismo!
Si bien es
cierto que el sector privado es una contraparte indispensable y responsable en
este sistema, es más cierto que el sector público (gobierno) es el factor
determinante por ser la autoridad que elabora las leyes, reglamentos,
boletines, circulares, ordenanzas, etc.
a través de sus tres poderes estableciendo o creando el sistema o modelo
económico y sus parámetros o alcance. La persistencia del mercantilismo ha sido
el resultado calamitoso y cruel.
Refiriéndose a
esa función del gobierno, Hernando de Soto, en su increíblemente elocuente,
penetrante, e inquietante libro, “El Otro
Sendero” (1986), se pregunta con asombro, frustración, y casi desesperación,
en el contexto peruano “¿Por qué nuestro derecho nos empobrece? ¿Por qué obliga a buena parte del país a
trabajar en la informalidad e impone a la formalidad costos muy altos y
requisitos absurdamente complicados?
¿Por qué carece de un criterio económico que incentive a los ciudadanos
a tomar decisiones que permitan aprovechar las oportunidades económicas y que
facilite la especialización e interdependencia de hombres y recursos?”
Estoy
plenamente seguro que estas son las interrogantes que cualquiera de nosotros se
hace en Honduras, aunque no las pueda articular tan clara y brillantemente como
lo ha hecho Hernando de Soto!
Continúa
Hernando de Soto su crítica, enjuiciamiento o condena de este oprobioso
sistema, manifestando que en el Perú (que bien puede ser Honduras o el tercer
mundo), la ley se ve esencialmente como un instrumento de redistribución de riqueza,
y no para facilitar su producción, cuya distribución corresponde a todos los
factores que la han hecho posible de acuerdo con el valor de mercado
contribuido.
No es tampoco ningún
fenómeno nuevo, o que haya aparecido con el movimiento socialista iniciado por
Karl Marx, y puesto en vigencia a la fuerza, por excelencia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS) a principios del Siglo
XX. (Bajo ese régimen, el estado, a través
del gobierno, y a la fuerza, se apropió de los medios de producción, y al
concentrar y centralizar todos los poderes políticos y privados, hizo
innecesaria la colusión entre gobierno y sector privado, como veremos más
adelante).
El uso del
derecho para redistribuir la riqueza y conceder privilegios, data posiblemente
tan atrás como el siglo XV (tal vez época en que se inicio el
capitalismo/liberalismo sustituyendo paulatinamente al feudalismo y al
mercantilismo).
A principios
del siglo XIX, Frederick Bastiat, un filósofo
y escritor francés, alcanzó una gran popularidad con sus artículos repletos de sátira
ridiculizando la promulgación de leyes mercantilistas propias de esa época. Escribía
Bastiat:
“El hombre no puede vivir y disfrutar
sino por medio de una perpetua aplicación de sus facultades a las cosas, por el
trabajo. De ahí, emana la propiedad.
Pero también es cierto que el hombre
puede vivir y disfrutar, apropiando y
consumiendo el producto de las facultades de sus semejantes. De ahí emana la expoliación.
No podía pues introducirse en la
sociedad un cambio (daño) más grande y una mayor desgracia que ésta: La ley convertida en instrumento de expoliación.
Hay dos clases de expoliación: la
extralegal ...robo, estafa, la que define, prevé, y castiga el Código Penal. Y la legal ... y basta pues que la ley
ordene y consagre la expoliación,
para que ésta aparezca justa y sagrada para muchas
conciencias.
¿Cómo reconocerla? Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a algunos lo que les pertenece para dar a otros lo que No les
pertenece.
Hay que examinar si la ley realiza en provecho de un ciudadano y en perjuicio de
los demás un acto que aquel ciudadano no podría realizar por sí mismo sin
incurrir en criminalidad”.
Leyes de este
tipo deben ser derogadas de inmediato, sostenía Bastiat, aunque el mismo reconocía
que “sin duda alguna el beneficiario chillará; invocará derechos adquiridos. Dirá
que el Estado debe protección y fomento
a su industria; alegará que es bueno que el Estado lo enriquezca, porque
siendo rico, gastará más, derrochando así una lluvia de salarios sobre los
obreros pobres.”
¿Suenan estos
argumentos familiares y conocidos en nuestra Honduras? Sofisma de entonces hace más de 150 años, y
sofisma hoy.
Por eso al
inicio me he referido a este sistema como una enfermedad social, siendo que las
enfermedades tienen iguales características en cualquier parte del mundo y en
cualquier época. Y también como enfermedades, han sido ya erradicadas en otras
sociedades que ahora gozan de muy buena salud... política, económica, y social.
No estamos pues, necesariamente
condenados para siempre tratándose de enfermedades sociales.
Su erradicación
en nuestro pueblo dependerá del liderazgo en los sectores público y privado,
definiendo liderazgo como la capacidad, la creatividad, la sensibilidad, y la
voluntad de cambiar el status quo (para
el mayor bienestar del mayor número de personas posible, por supuesto... pues
cambio también puede ser para peor!)
Si la expoliación legal, o redistribución de
riqueza en todas sus variantes, prevalece en una sociedad, lógico y natural es
que en ella prevalezca también la formación de grupos para acceder al poder
gubernamental que legislará en su favor.
Y así terminamos viviendo y lidiando con
un sinnúmero de asociaciones o agrupaciones industriales, comerciales,
laborales, gremiales, patronatos, sociales, políticas, religiosas, locales,
nacionales, regionales e internacionales que pasan cabildeando favores del
gobierno con el consecuente desperdicio de recursos humanos y materiales.
Este enorme
desperdicio de recursos, desde luego incluyendo la corrupción que
invariablemente le acompaña casi por naturaleza propia de la gestión, conduce a
una gran ineficiencia o inoperancia del sistema económico cuyo resultado lógico
y palpable es la profunda pobreza en que vive la gran mayoría del pueblo
hondureño (y del tercer mundo).
“La
consecuencia es”, concluye Hernando de
Soto, “que el Estado peruano (hondureño, o tercer mundista) en lugar de hacer
de nosotros una ‘democracia de derecho’,
nos ha convertido en una ‘democracia de grupos de presión’. Así, por ejemplo, en el caso de las empresas, estas enfilan su natural afán
de competencia hacia el acercamiento al
poder político y burocrático, y no hacia una contienda por servir mejor a los
consumidores.”
Que radiografía
social más fiel de la enfermedad hondureña (y, por cierto, del tercer mundo.)
A esta altura, creería
que el lector hondureño se ha visto ya dibujado en estos relatos de Hernando de
Soto, y en los conceptos planteados por Frederick Bastiat, que son el fondo y
forma del mercantilismo ¾ el fondo es
los intereses creados, personales o individuales (en el sentido mezquino) o de
grupo, y la forma es la promulgación de las leyes que conceden privilegios y
monopolios.
¿Qué es el mercantilismo?
Contrario a lo que cree la mayoría,
el mercantilismo
no es comprar barato o vender caro; ni es comercialismo o pensar siempre en función
de negocios y dinero. El modelo o estado mercantilista parte de la creencia que el bienestar económico
del pueblo sólo puede lograrse a través del gobierno por medio de políticas
nacionalistas, restrictivas, proteccionistas o paternalistas.
Una extensión de este
sistema es la oferta y demanda de privilegios, subsidios, monopolios, u
oligopolios obtenidos y otorgados por el gobierno.
Por el lado de la oferta,
los políticos con el afán de obtener votos, y/o aun de buena fe creyendo que el
gobierno tiene la función de redistribuir la riqueza, proponen al pueblo, en su
mayoría muy pobre, aliviar su condición a través de leyes con esos fines.
Por el lado de
la demanda, el pueblo acostumbrado a la demagogia y populismo de los políticos
e ideólogos, también clama porque el gobierno le conceda beneficios y subsidios
especiales a cambio de su voto.
Se lamentaba Ramón
Rosa en su obra inconclusa “Morazán, historia de un benemérito”, escrita hace
unos 120 años, “Nosotros tenemos
pueblo en el sentido vulgar de la palabra; pero no en la acepción política …como una entidad nacional…capaz de dirigir
sus destinos…en vez de esa entidad nacional, tenemos masas dispersas,
colonos a la española , que olvidados de sus derechos, bajo el peso de la anarquía
o de la dictadura, ven en el gobierno
por diabólico que sea, una divina Providencia, y trabajan y obedecen, y
gimen a hurtadillas, o bien aplauden
delirantes a sus propios tiranos, por que el poder es todo, y el pueblo
nada.”
Y aun ante ese
clamor de Ramón Rosa, nos atrevemos a insistir que tenemos un pasado, una
herencia, una huella histórica gloriosa y digna como pueblo, confundiendo lo
que fueron nuestros grandes próceres o héroes, su ilustrado y sabio pensamiento,
con las batallas ideológicas, y hasta militares, que libraron y perdieron ante
los mercantilistas de aquellas épocas. Batallas que seguimos librando y
perdiendo!
En términos de teoría
económica, el mercantilismo se caracteriza por ser un sistema bajo el cual,
contrario al capitalismo que tiene fines de lucro (utilidades) a través de satisfacer necesidades y deseos
de los clientes en un ambiente de
competencia, busca beneficios (rentas en términos de teoría económica) a través
de la influencia política.
De esta suerte,
se obtienen permisos o licencias para la explotación de negocios, subsidios,
regulaciones y leyes que benefician a los influyentes y que pueden perjudicar a
los marginados, desinteresados, renuentes o incapaces de acceder al poder, o
impotentes para oponerse a dichas leyes que muy a menudo se emiten sin el
conocimiento de la gran mayoría del pueblo independientemente de su status
social, económico, y hasta político.
En palabras de
nuestro propio José Cecilio del Valle, “Bajo este sistema “el individuo debe
ser víctima de las trabas, reglamentaciones, y monopolios aconsejados por la
secta mercantil (de ahí su nombre mercantilismo) y erigidos en la ley por los
gobiernos. No es libre,” continúa Valle,
“de exportar su dinero a donde vale más”, (como es nuestro caso actual a través
del control de divisas obligando a sus dueños legítimos a venderlos al precio
que fije el Banco Central de Honduras)
Dato histórico
curioso, (y lamentable en la realidad actual) es que hace 160 años el General
Francisco Morazán sancionó un Decreto en Costa Rica en el cual se manifestaba
“que el aumento de precio en el de la moneda (refiriéndose al precio por onza
de oro acuñado) es una operación que no
corresponde a los Gobiernos, sino que debe ser el resultado del valor convencional que se les dé en el
comercio para su circulación y cambio...”
por ser “sumamente perjudicial al
comercio y riqueza del mismo Estado.”
¿Estaban
equivocados Morazán y Valle, o eran menos patriotas o sensibles que los
gobernantes de hoy en día?
En consonancia
con lo anterior, el mismo Valle se quejaba que la economía era “una ciencia
donde un sofisma elevado a ley, y armado de la fuerza de ésta, puede arrasar los campos, cerrar los talleres,
paralizar el comercio”.
¡Qué sentencia!
Cierta en aquella época y cierta hoy que la vemos y sufrimos a través de las
leyes que emite constantemente el gobierno.
Leyes que impiden la producción y obstaculizan el comercio en respuesta
a las peticiones y amenazas simultáneas de los grupos de interés, o
sencillamente para pagar favores políticos, o bien aprovechar el poder y
caudales del estado para beneficio de los funcionarios públicos y de sus
secuaces, partidarios y del sector privado, con quienes se confabulan.
Eso es el mercantilismo,
no el neo-liberalismo o capitalismo como veremos en la segunda parte de
este ensayo.
Refiriéndose a
la época mercantilista de Inglaterra en el siglo XVII, relata Hernando de
Soto en su libro ya citado que “para proteger sus monopolios, así como para
asegurar la estabilidad laboral (según el sofisma del día), los ingleses
llegaron... a prohibir el uso de las primeras máquinas de coser, y ordenaron la
destrucción de todas sus agujas.”
A pesar que
desde antaño han existido reglamentaciones minuciosas en una sociedad, la
particularidad del mercantilismo, explica de Soto, es que las reglamentaciones
actuales son emitidas o promovidas “en consulta con los grupos económicos o mercaderes
que gozan de privilegios especiales”, o puesto en nuestro contexto hondureño,
ese proceso consiste en “consensuar”,
“conciliar”, “concertar” o “converger” sobre una ley o reglamentación promovida
por intereses especiales.
Nuestra propia tradición mercantilista
Así las cosas,
con esta mentalidad se va creando, como criticaba, reprochaba y condenaba Valle, una “masa de
leyes de distintas especies, formadas por distintas manos,... hacinadas unas
sobres otras sin formar un todo organizado;... que retardan la marcha del
hombre dirigida siempre a la riqueza; ... que violentan el derecho que tiene
(el individuo) de elegir ocupación libremente,... que dificultan la circulación
de la propiedad poniendo trabas;... que no franquean igual protección a la de
todos, sino parcial a la de algunas
clases ... concediendo preferencias odiosas, fundándolas en privilegios...
que por esta protección parcial en vez de dejar al comercio en libertad para
celebrar sus pactos sin otra garantía que la buena fe del que los firma, lo comprometen a mendigar en todas sus
negociaciones la autoridad de un escribano..., que para declarar sus
derechos exigen tantos memoriales, tantos decretos, tantas notificaciones...
destruyendo la misma propiedad que desean proteger...”
He hecho esta
cita extensa, y aún así condensada, de Valle para que el lector pueda apreciar
y compartir la frustración del Sabio en aquella época y suya propia en la
actualidad! Lo que Valle expuso en 1820, hace solo 182 años, continúa siendo absolutamente
una triste realidad hoy en día.
!Qué riqueza de
observaciones y conocimientos desperdiciadas en detrimento del bienestar del
pueblo hondureño!
Un ejemplo patente y triste
de esta mentalidad, se refleja en la legislación que se promulga a favor de médicos,
químico farmacéuticos, y abogados, entre otros, como también a favor o en
contra de algunas actividades como la maquila, la cafetalera, y la bananera
para mencionar algunas.
Estas leyes demuestran
claramente que no existe “igualdad ante la ley” ya que no hay estatutos para
carpinteros, plomeros, secretarias, y cientos de otras profesiones, oficios, y
actividades económicas que también satisfacen necesidades y deseos, generan
empleo, y son fuentes de ingresos (impuestos) para el Estado.
Ni tampoco es
que todos deben tener su estatuto o ley especial. Tal condición es obviamente
ni posible, ni práctico, ni deseable, pues conduciría a lo que Valle sentenció...
“paralizar el comercio”. Y no es posible
ni práctico, primero, porque no se sabe a ciencia cierta cuantas profesiones,
oficios, y actividades económicas distintas existen para emitir una ley para
cada quien; y en segundo lugar, porque aun sabiéndolo, el volumen de leyes que
se requeriría emitir y mantener actualizadas sería tan enorme que ningún
congreso legislativo es suficientemente sabio (superhombre en palabras de
Bastiat) para desempeñar esa tarea oportunamente y con justicia.
Por lo tanto,
si no es posible conceder privilegios para todos, no deben concederse para
nadie ¾ por eso existe
el Código de Trabajo, y el Código de Comercio, y el Código Civil, entre otros,
que son de aplicación general.
Los
“privilegios” o beneficios adicionales deben ganarse, es decir, deben obtenerse
por mérito y a través de contratos individuales o colectivos negociados en paz
y libertad por las partes interesadas sin la intervención nociva del
gobierno de turno. Como escribía Bastiat, “Tal como la fuerza de
un individuo no puede legítimamente atentar
contra la persona, la libertad, o la propiedad, por la misma razón la fuerza común
no puede aplicarse legítimamente (a través de una ley) para destruir la
persona, la libertad, o la libertad de individuos o de clases.” (Nótese la no tan sutil distinción entre lo
legal, lo legítimo, y lo justo.)
En su ya célebre
encíclica ”Centesimus Annus”, y refiriéndose al totalitarismo, que bien es
aplicable al concepto de la “democracia dogmática (la mayoría mecánica es
omnipotente y siempre tiene la razón),
el Papa Juan Pablo II sostiene que “la raíz del totalitarismo moderno
hay que verla, por tanto, en la negociación de la dignidad trascendente de la
persona humana, imagen visible de Dios invisible y, precisamente por esto,
sujeto natural de derechos que nadie
puede violar: ni el individuo, el grupo, la clase social, ni la nación o el
Estado. No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo social (el
congreso legislativo, por ejemplo), poniéndose en contra de la minoría, marginándola,
oprimiéndola, explotándola o incluso intentando destruirla.” Este juicio religioso del Papa es totalmente
congruente con el juicio político, económico, y social que sostenemos los que
abogamos por los derechos naturales del hombre ¾ vida, libertad, y propiedad.
Juan Bautista
Alberdi, padre de la constitución argentina, y un gran campeón de la libertad, postuló
que “la libertad individual es el límite sagrado en que termina la
autoridad de la patria. Todos los crímenes
públicos contra la libertad del hombre, nos enseñó Alberdi, “han podido ser
cometidos, no sólo impune, sino legalmente,
en nombre de la Patria omnipotente (bien común), invocada por su gobierno omnímodo
(totalitarismo, democracia dogmática, mayorías mecánicas).”
Por su parte,
Friedrich Hayek, abogado, sociólogo, filósofo, Premio Nobel de Economía 1974,
en su famosa obra “Camino a la Servidumbre” arguyó que “otorgando al Estado
poderes ilimitados, las disposiciones
arbitrarias pueden convertirse en legales,
y de esta suerte una democracia puede perfectamente erigir el más completo de
los despotismos.”
El mercantilismo,
enfermedad social, crónica, como me he referido a ella, en la funesta herencia
de la Corona Española desde la conquista hace 500 años. La Corona administró sus colonias en Latinoamérica
a través de la Casa de Indias, la cual ejercía un poder monopólico, omnímodo en
materia económica y comercial con facultades para emitir y aplicar leyes y
regulaciones. Era, pues, “juez, parte, y
ejecutor/verdugo” escriben Paul Craig Roberts y Karen LaFollete Araujo en su
libro “The Capitalist Revolution in Latin America”.
La investigación
de estos autores revela que para facilitar la administración de las colonias y
asegurarse los ingresos reales, La Casa de Indias subastaba los cargos de administración
real (pública) como las alcaldías, las regidurías, el tesorero, y hasta los
jueces!! Así las cosas, los cargos públicos se volvían “propiedad privada” y,
consecuentemente, no eran cargos para servir a la comunidad sino una inversión
para lucro personal, revendible y heredable, por cierto.
Hoy en día
estos cargos no se subastan abiertamente, desde luego ¾ se asignan de acuerdo con
la “contribución” a las campañas políticas o por “herencia” o antojo de los
caudillos a sus parientes y amigos.
Esta cultura en
la conducción de la administración real (pública), y la conducta y actitud
propia de los funcionarios de aquellos tiempos, es la que vemos reflejada hoy
en la administración pública y funcionarios actuales con pequeñas variaciones
de forma pero con el mismo fondo.
Al final del día,
el efecto es la pobreza de nuestros
pueblos, y la causa ese oprobioso sistema político-económico en todas sus
variantes ¾ el mercantilismo o neo-mercantilismo para usar un prefijo en boga.
De manera que
la lucha no es realmente contra la pobreza ¾ el reto, la lucha es, o debe ser, contra ese sistema político-económico
que nos empobrece, el mercantilismo. !La lucha es por la democracia y la
libertad económica!
