INTERNATIONAL COMMISSION AGAINST IMPUNITY IN HONDURAS. WHY NOT MR. PRESIDENT JUAN ORLANDO HERNANDEZ?

By Edwin Francisco Herrera-Paz

Massive protests are taking place every week in Honduran main cities. People ask for an international commission against impunity, given the magnitude of governmental corruption.

Today, migrations from Central American countries---especially Guatemala, Honduras and El Salvador, the so called Northern Triangle---to the U.S. are considered a human calamity. Migrations presented a peak in 2014 when more than 30,000 unaccompanied children from this region reached the U.S. Southern border. Additionally, many migrants die each year during their journey to the American dream. 

These migrations have their roots in socioeconomic inequality, which in turn is strongly linked to historical and present governmental corruption of enormous proportions. Corruption not only boosts migrations but also is the origin of what seems to be an unhopeful underdevelopment.

Recently, what looks like a light at the end of a tunnel was implemented in Guatemala: An International Commission Against Impunity (in Spanish, Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, or CICIG) managed by the United Nations Organization. CICIG investigations on governmental corruption has promoted dismiss of the Guatemalan President and Vice-president.

Given the success of CICIG and public awareness of corruption in the government of the neighbor country Honduras---where funds from the social security and other institutions were drained for financing the presidential campaign of the ruling National Party---people have taken massively to the streets to protest and ask the President Juan Orlando Hernandez to request an International Commission Against Impunity in Honduras (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras or CICIH) managed by the UN, similar to that of Guatemala. The President´s answer was a big NO. In its place, Juan Orlando Hernandez proposed a domestic institution against corruption, which will be totally controlled by him as is the case for the rest of Honduran governmental institutions such as the Public Ministry (Public Attorney), the Supreme Court, and the Congress. We Hondurans know that kind of domestic institutions are a fallacy; however, proposing this solution allows the President to circumvent the people’s request for a CICIH.

A CICIH is convenient for the Honduran people, but for the U.S. people as well. The United States of America has been a great economic provider to Honduras; nevertheless the destiny of economic aid that comes from that country has been unsupervised and ends up feeding the Honduran corrupt governmental system. Fight against corruption through a CICIH will pave the road to Honduran prosperity because funds from taxes and international economic aid will not be used for corruption, but instead for infrastructure and other needs. In that manner, we Hondurans think a CICIH is the ONLY hope to begin the fight against corruption, something that would allow funds to be used in driving the country to prosperity. And with prosperity in Honduras, illegal migration to the U.S. will substantially decrease.

What to do. We, the Honduran people, kindly ask the American people to help us fight corruption in our country. You can do that by sending a letter to your representatives at Congress and Senate telling them that you are aware that the best way to fight massive illegal immigration to your country is fighting corruption in Latin America. Ask them to condition any kind of financial aid to Honduras only if a CICIH is installed in our country. We will be grateful for that.

Del por qué el Poder Judicial de Honduras es su rama más peligrosa

(Por: Brian Sheppard y David Landau. Traducido del NY Times, Junio 25 de 2015)

En abril, la Corte Suprema de Justicia de Honduras invalidó el tiempo límite del mandato presidencial que regía al país - lo que drásticamente socava su Constitución.
La Constitución de Honduras - que limitaba a los presidentes a un solo mandato de cuatro años - incluye un artículo extraordinario que hace el límite de término irreformable por cualquier procedimiento, y ordena duras penas para cualquier político que intente cambiarlo.
Los redactores de la Constitución escribieron específicamente el texto para salvaguardar al país de los dictadores militares o de los caudillos que se nieguen a dejar el poder, acerca de los cuales existe una sórdida historia en Honduras y en toda América Latina.
Pero lo que ha ocurrido es precisamente lo que temían los redactores de la Constitución. Una porción aparentemente inexpugnable del documento, destinado a evitar la manipulación política, ha sido subvertido por los jueces a la orden de los políticos. Ahora, los políticos del conservador Partido Nacional que llevó el caso - y cualquier futuro líder político - están en una posición ideal para mantenerse en el poder indefinidamente.
Mientras que un poder judicial independiente y capaz puede ser un gran apoyo a la democracia liberal, los tribunales sin estas características pueden representar una amenaza seria, particularmente en países con democracias frágiles y grupos de la sociedad civil ineficaces, como Honduras.
En 2009, el presidente izquierdista Manuel Zelaya, al parecer trató de eludir estas protecciones al intentar iniciar un referéndum sobre si la Constitución debía ser reescrita. El ejército depuso a Zelaya en un golpe y lo expulsó en un avión a Costa Rica. El Congreso apoyó la destitución de Zelaya y nombró a un sucesor por el plazo dispuesto por la ley. Y a pesar de la abrumadora condena del golpe de Estado de la comunidad internacional, la Corte Suprema bendijo las acciones de los militares.
No sólo la reciente decisión de la Corte contradice el razonamiento del Congreso a raíz de la destitución de Zelaya, sino que también es ilógico. Jueces constitucionales de todo el mundo reconocen que una propuesta de enmienda puede ser inconstitucional si choca con los valores básicos del texto original. Pero la sentencia del tribunal hondureño destruyó una parte de la Constitución de 1982.
La cuestionable decisión también parece ser el resultado de una estrategia por parte del Partido Nacional, que se opuso el señor Zelaya. Después de tomar el control de las cámaras ejecutivas y legislativas, el partido expulsó intempestivamente a cuatro jueces de la Corte Suprema en 2012 y los reemplazó con jueces que respaldan su agenda.
La decisión envía un mensaje de que los políticos pueden tomar ventaja del relativamente bajo perfil de la Corte Suprema para poner a su favor los tribunales que hacen el trabajo sucio que de otro modo invitaría a escrutinio. Esto es exactamente lo que hicieron los líderes del Partido Nacional. Mientras que tanto las acciones del señor Zelaya como las de los que lo destituyeron provocaron la condena de la comunidad internacional, la reciente decisión del tribunal sobre la abolición de los límites del mandato presidencial ha pasado en gran medida inadvertida, nacional e internacionalmente.
El relativo silencio de la comunidad internacional en esta ocasión puede ser sorprendente, pero es desalentador. Aunque los grupos de la oposición han estado protestando la decisión, sus esfuerzos son en gran medida ineficaces sin el apoyo de las Naciones Unidas y otros países.
El constitucionalismo hondureño se enfrenta a una serie de deficiencias importantes. El caso Zelaya demuestra que la Constitución no puede tratar adecuadamente las crisis institucionales o las violaciones de derechos humanos. Por otra parte, también ha demostrado ser incapaz de paliar la desigualdad económica severa del país o la concentración del poder político.
Un esfuerzo político transparente para cambiar el plazo presidencial límite en Honduras podría haber comenzado una discusión más amplia de otras reformas constitucionales necesarias. Pero cualquier posibilidad de cambio constitucional legítimo se ha deslegitimado por el poder judicial, lo que dio a los líderes políticos exactamente lo que buscaban sin ninguna deliberación pública.
El gobierno de Obama está tratando de aprobar un paquete de ayuda para Centroamérica. Parte de este dinero está destinado a mejorar la gobernanza, incluyendo el desempeño judicial. Honduras necesita ese dinero desesperadamente. Durante varios años se ha sufrido la tasa de homicidios más alta del mundo; la violencia en el país fue un importante contribuyente a la crisis migratoria infantil del año pasado en la frontera con Estados Unidos.

Pero el gobierno [de Estados Unidos] debe supervisar la manera en que se asigna el dinero. Se debe destinar fondos en medidas que podrían impedir que una mayoría en el Congreso de Honduras escogiera a sus propios miembros de nuevo. Además, debe presionar para la promulgación de un límite razonable del período presidencial - que sea resistente a la manipulación política - para llenar el vacío dejado por la Corte. En ausencia de cualquier límite de plazo, la democracia hondureña se encuentra vulnerable a la amenaza que representan los candidatos a dictadores.

http://www.nytimes.com/2015/06/26/opinion/why-hondurass-judiciary-is-its-most-dangerous-branch.html?emc=eta1&_r=1