El
grupo de activistas sociales denominado 300+ con Dignidad le entregó una carta
al personal de la OEA solicitando una comisión de alto nivel de ese organismo
para que investigue el tema de la reelección en Honduras. Eso, debido a que ya
existe el antecedente de una resolución dada por la Comisión Americana de
Derechos Humanos con respecto al alegato de violación a los Derechos Humanos
del ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt al no ser aceptado como candidato presidencial, pues era contra la
Constitución de ese país. En esa resolución se cita la Constitución de Honduras
y se le niega a Ríos Montt su petición. Como la resolución es vinculante tanto
para Honduras como estado miembro como para la MACCIH, se le solicita a la OEA
estudiar el caso. A continuación la carta:
"Tegucigalpa, MDC., 13 de diciembre de 2016
Honorable
Don
Luis Almagro Lemes
Secretario
General de la Organización de Estados Americanos
Su
Despacho.
Señor Secretario
General:
Somos ciudadanos
hondureños, asociados en una organización civil fundada a partir de las
diversas crisis surgidas en nuestro país como consecuencia de los hechos
anteriores y posteriores al año 2009 cuando el presidente constitucionalmente
electo fue arrestado en cumplimiento de una orden de captura y expatriado
ilegalmente del país.
Esos hechos,
condenados por la comunidad internacional y por la misma Organización de
Estados Americanos como un golpe de estado, fueron el desenlace de un esfuerzo
por trastocar la legitimidad de la Constitución de la República por parte del
Presidente defenestrado con miras a habilitar las candidaturas de presidentes
en funciones o la de ex presidentes para optar a un nuevo período a la cabeza
del poder ejecutivo.
Hoy, tras muchos
y complejos hechos y circunstancias, las consecuencias de aquellos actos
reprochables siguen generando nuevas y más graves crisis.
Desde el poder
ejecutivo, específicamente desde la Presidencia de la República se promueve un
proyecto ilegal, sustentado en falaz fallo de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de cuestionada legitimidad, que ha alcanzado la
petición de inscribir al Presidente de la República como candidato presidencial
por su partido político en los comicios generales que celebrarán el último
domingo del mes de noviembre del año 2017.
No ofrecemos en
este documento argumentos para favorecer nuestra visión de los fenómenos que
acontecen, pues el antecedente de 2009 está ampliamente documentado en los
archivos de la OEA así como en las hemerotecas de América Latina y el mundo.
Lo que sí
ofrecemos es el antecedente de la denuncia formulada por el ciudadano
guatemalteco don Efraín Ríos Montt en fecha 4 de marzo de 1991 en la forma de
queja contra el gobierno de la República de Guatemala por no inscribir su
candidatura a la presidencia de la república invocando el órgano competente la
prohibición constitucional que abarcaba al entonces aspirante presidencial.
Dicha denuncia resultó en el Informe Nº30/93 sobre el Caso 10.804 GUATEMALA de fecha 12 de octubre de 1993.
Señor Secretario
General: el fallo sobre el que pretende el Presidente sustanciar su pretendida
candidatura para un segundo período consecutivo al primero que aún no concluye
enuncia la inaplicabilidad de una norma constitucional que ya ha sido aplicada
en el pasado reciente. No puede constituir una vulneración a ser electo el
hecho que se limite por vía constitucional y legal la duración de un período
presidencial o los requisitos que debe cumplir todo aspirante a la presidencia
para que su candidatura sea legítima y aprobada de manera legal.
En consecuencia,
todo esfuerzo que se haga desde la Casa Presidencial para modificar la
Constitución de manera distinta a la que la misma Constitución establece para
sus reformas, constituye acto preparatorio para la comisión de un delito de
Traición y es nada menos que una conspiración para asestar desde el interior,
un Golpe de Estado, propinado por el mismo gobierno que prometió de viva voz
ante la nación y la comunidad internacional “Cumplir y Hacer Cumplir la Constitución y las Leyes”.
Escuchamos al Secretario
General de la Organización de Estados Americanos admitir que las señales
inequívocas de que la crisis hondureña de 2009 habían sido desestimadas.
Por favor, señor
Secretario General: no cometa la OEA el mismo error. Para ello solicitamos:
1. Convoque una sesión
extraordinaria de la OEA a efecto de nombrar una comisión de alto nivel que se
traslade a Honduras a estudiar el fenómeno que comienza a generar tensiones y
riesgo de violencia;
2. Instruya a la
Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras para
que reciba la denuncia que estamos interponiendo para que conozcan del asunto
de la pretendida reelección presidencial como lo que es: un delito y la
conspiración para cometer un golpe de estado desde la misma entraña del gobierno
que será afectado.
Conceda al
fenómeno que se manifiesta en Honduras la importancia que todo estado miembro
de la OEA merece independiente de su tamaño y su importancia en el concierto de
las naciones.
Y como un aporte, el 12 de diciembre de 2016, ciudadanos de Paraguay denunciaron ante la OEA el intento del Presidente Cartes de violentar la Constitución para obtener una reelección que esta prohibida en el país.
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